tra denuncia implica al exalcalde del Callao Juan Sotomayor. Ahora se le acusa de coludirse con funcionarios de la municipalidad para sacar provecho de los programas de alimentación destinados al abastecimiento de los más de 300 comedores populares que existen en la provincia.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es el encargado de gestionar el Programa de Complementación Alimentaria (PCA). La entidad aprueba el convenio con los municipios y solicita al Ministerio de Economía la transferencia de recursos.
Ante la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción del Callao denunció que en 2018 los funcionarios municipales direccionaron las licitaciones, eligieron proveedores que no cumplían los requisitos de calidad y, para colmo, las empresas ganadoras tenían vínculos familiares entre ellas. Ese año se licitaron alimentos por más de S/4 millones para abastecer a los comedores populares, albergues de ancianos y enfermos con tuberculosis.
MODUS OPERANDI
La actual gerente de Administración del Callao, Maritza Villa, contó que se trataba de un “modus operandi” de la gestión de Sotomayor. “Se ha venido haciendo durante muchos años y se habría beneficiado a un grupo familiar”, acusó al diario Perú21.
Según la reciente denuncia de la Procuraduría por colusión, la gestión de Sotomayor no aplicó la ley prevista para la ejecución del PCA y tampoco verificó que los alimentos cumplieran con las especificaciones técnicas. El comité que seleccionó a los proveedores se conformó solo con funcionarios de la municipalidad, cuando este debió ser integrado por representantes de otras entidades.
A pesar de todas estas irregularidades, el Midis nunca advirtió estos errores. Según la directora de Prestaciones Sociales Complementarias, Ysabel Ramos, este ministerio “no interviene ni supervisa ni ejecuta el proceso de compras de los programas mencionados”. Es decir, el Midis aprueba los convenios y gestiona el presupuesto para la municipalidad, pero luego se desentiende y no fiscaliza si los recursos son correctamente invertidos.
En la Fiscalía ya existe una investigación por hechos similares en 2015 a 2017, pero Sotomayor no estaba incluido. Ahora los reflectores apuntan a él.
Juan Sotomayor cumple prisión preventiva por el Caso Rich Port II. La mayoría de sus exfuncionarios se encuentran reubicados en las municipalidades del Callao, especialmente en Ventanilla.
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