Hermanos de alcalde de Bellavista contratan con otros municipios chalacos pese a impedimento de ley

Imagen: Revista Voz Perú.

Los familiares del alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, vienen contratando con municipios chalacos, pese al impedimento de la Ley de Contrataciones del Estado, y podrían terminar inhabilitados. Algunos de estos contratos son en municipios donde el propio Daniel Malpartida había brindado servicios en años anteriores.

Se trata de los hermanos Any y Juan Malpartida Filio. Estos dos hermanos cuentan con dos empresas: Inversiones MALFI S.A.C. y Atenciones y Eventos MALFI S.A.C. Las siglas de los nombres de la empresa corresponden a los apellidos de los hermanos.

La primera empresa, Inversiones MALFI S.A.C., fue dada de baja en Sunat, en abril pasado, arrastrando una deuda coactiva de más de S/ 4,500 con Essalud y la ONP. El último contrato que ganó esta empresa en el Callao fue en abril del 2018 cuando hizo desayunos para el Día del Trabajador en el Gobierno Regional del Callao, bajo la gestión del prófugo Félix Moreno.

Ante la baja de oficio de Inversiones MALFI S.A.C., los hermanos Malpartida pusieron en obtuvieron más contratos con su otra empresa Atenciones y Eventos MALFI S.A.C., también conocida como ATEMAL S.A.C. En los primeros seis meses de esta nueva camada de alcaldes chalacos, la empresa ATEMAL S.A.C., de los hermanos Malpartida, ha cobrado S/ 82,690. Toda la suma fue facturada con un solo municipio: La Punta.

Los contratos con la Municipalidad de La Punta fueron por alquileres de sillas, mesas, e instalaciones de escenarios para actividades de la gestión del alcalde Pío Salazar. Esta empresa, al igual que la anterior, también realizó servicios para la gestión del prófugo Félix Moreno. En mayo del año pasado, por un show para el Día de la Madre cobró más de S/ 6,000.

Las empresas de los Malpartida Filio se encuentran dedicadas a la organización de eventos, que implica desde instalación de toldos hasta desayunos protocolares.

Pero los hermanos del alcalde de Bellavista no solo facturan a través de sus empresas. En este año, Juan Alejandro Malpartida Filio cobró S/ 10,000 por su cuenta al municipio chalaco de Carmen de la Legua.

-Viejos conocidos-

¿Por qué las empresas de los hermanos Malpartida Filio tienen predilección en La Punta? PortalCallao.com, a través de un cruce de información en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía, detectó que Daniel Malpartida, hoy alcalde de Bellavista, conoce de cerca al burgomaestre de La Punta, Pío Salazar.

Antes de ser elegido alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida se dedicaba al mismo negocio de las empresas de sus hermanos: alquiler de mesas, sillas, toldos y todo tipo de servicios relacionados a la producción de eventos.

Precisamente, Daniel Malpartida obtuvo sus más jugosos contratos del sector público en la Municipalidad de La Punta -al igual que hoy las empresas de sus hermanos- bajo la gestión de Pío Salazar. Resulta que no es la primera vez que Salazar es alcalde de La Puna, sino que este es su tercer periodo.

Durante el segundo mandato de Pío Salazar, entre el 2010 y 2014, Daniel Malpartida ganó ocho contratos en la Municipalidad de La Punta. Por siete servicios y una venta de vallas, en casi un año, el alcalde Pío Salazar le pagó a Daniel Malpartida más de S/ 55 mil.

Cuatro años después, Pío Salazar volvió al poder, y Daniel Malpartida pasó de proveedor a Alcalde de Bellavista, mientras sus hermanos siguen con los contratos con la Municipalidad de La Punta. Los servicios son los mismos, solo que con diferente Malpartida de proveedor.

-Impedimento de ley-

La Ley de Contrataciones del Estado señala expresamente que los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.  (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos), no pueden contratar con el Estado.

La misma norma precisa que las personas que cumplan una función pública así como sus familiares, no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo.

Contratar con el Estado a pesar de los impedimentos mencionados constituye una infracción que tiene consecuencias y responsabilidades establecidas en la Ley N° 30225, como la inhabilitación temporal para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que diere lugar.

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