Dos casos que ponen en evidencia la difícil situación que atraviesan las personas afrodescendientes, al momento de acercarse a pedir justicia en el Callao, fueron reportados durante la audiencia pública que organizó la Defensoría del Pueblo como parte de las acciones que viene desplegando en todo el país para recoger aportes en la prevención de la violencia contra niñas y mujeres.
Juan Rivera Castañeda, de la Asociación Afrodescendiente Palenque Regional del Callao, denunció que existe una doble discriminación hacia las mujeres cuando se trata de afrodescendientes, en el ámbito policial, juzgados de paz y en las fiscalías. Además, lamentó que la ordenanza que sanciona toda forma de discriminación se aplique solo a nivel provincial y no de la región Callao.
María del Carmen Campos Dávila, de la Asociación Afroperuana para el Desarrollo y la Cultura Ubuntu, denunció los malos tratos que recibió cuando se acercó a la comisaría de Mi Perú a reportar los golpes sufridos durante una intervención en su domicilio. “Me dijeron que no se notaban las heridas por el hecho de ser morena”, exclamó.
Con cerca de 800 asistentes reunidos en el Teatro Municipal del Callao, la Audiencia Defensorial se convirtió en un espacio donde pobladores y pobladoras de la región pudieron exponer sus quejas y propuestas ante las más altas autoridades de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras instituciones.
Un aspecto muy importante durante la jornada fue la presentación de propuestas de la ciudadanía sobre cómo luchar contra la violencia. Algunas de ellas se dirigieron a promover constantes campañas orientadas a niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas; desarrollar escuelas de padres para eliminar el castigo físico y humillante y, de esta manera, generar un cambio de patrones de violencia.
Asimismo, la creación de brigadas de niños y niñas en los colegios para garantizar su seguridad en los centros educativos, potenciar y promover los cursos de empoderamiento económico de la mujer. Finalmente, se solicitó la implementación de espacios adecuados y diferenciados para la atención de las víctimas.
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